La ministra de Sanidad, Ana Mato.
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María Márquez. Madrid
A las cifras recurrentes en el discurso de la ministra de Sanidad, Ana Mato, de 16.000 millones de euros de deuda heredada y 35.000 millones que el PP ha dispuesto para el pago a proveedores, se ha sumado este miércoles una nueva. En el pleno del Congreso, Mato ha acusado al PSOE de dejar “facturas sin pagar” por valor de 12.110 millones de euros y, sin citarla explícitamente ("una comunidad de su partido"), ha aludido a las "750.000 facturas" pendientes de cobro de Andalucía. Y lo ha hecho para defenderse de las críticas de las portavoces Pilar Grande y Soledad Pérez, quienes le han acusado de no admitir el copago y alardear falsamente de un SNS universal. Con la cifra, presumiblemente aportada por su compañero de bancada el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha justificado el espíritu reformista del controvertido RD 16/2012, que en el día de su convalidación ante la Cámara baja contó con el rechazo de la oposición. Sin embargo, la ministra ha recordado el “apoyo del Parlamento y de la inmensa mayoría de las comunidades autónomas” ante la norma.
Las portavoces socialistas Pilar Grande (izq.) y Soledad Pérez.
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Por su parte, la portavoz socialista Pilar Grande ha rechazado la sempiterna acusación de la “herencia” recibida del Ejecutivo anterior, al tiempo que ha acusado a Mato de “penalizar con copagos que usted niega” a colectivos como pensionistas, ciudadanos del ámbito rural y de las Islas, crónicos y aquejados de enfermedades raras.
La “auténtica verdad”
Por su parte, Soledad Pérez ha reprendido a Mato por seguir utilizando el término “universal” cuando considera que con la mencionada norma lo ha echado por tierra. La ministra le ha respondido que lo mantiene “porque es la auténtica verdad” y de nuevo ha acusado al PSOE de “distorsionar y hacer demagogia sobre el asunto”. En esta línea, Mato ha explicado que el debate se limitaba a “hacer reformas o recortes”, por lo que el Gobierno de Rajoy ha optado por la segunda opción.
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